El Panal propone cárcel para quienes usen servicios sexuales de víctimas de tratantes - Jorge Kahwagi

El diputado por el partido Nueva Alianza (Panal) Jorge Kahwagi Macari presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal con el fin de hacer extensivo el delito de trata de personas e imponer penas de dos a cinco años de prisión y multa de hasta quinientos días de salario a quienes utilicen servicios sexuales de víctimas de este delito.
Ello, dijo, debido a que hoy en día México es considerado país de origen, tránsito y destino de trata de personas, “donde más de 30 mil menores son víctimas con fines de explotación sexual y el 80 por ciento de ellos tiene entre 10 y 14 años de edad”.
En este mismo sentido, añadió que la trata de personas afecta cada año a 3.5 millones de personas, de manera particular a mujeres, de las cuales, en el 90 por ciento de los casos, se trata de adolescentes y niñas, lo que las ha convertido en el segundo y tercer negocio más redituable para la delincuencia organizada. Jorge Kahwagi
“Hoy por hoy nuestra nación se coloca en el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos y el fenómeno se reporta principalmente en ciudades como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta y Distrito Federal”, subrayó el legislador.
Señaló que este delito goza de total impunidad, lo que hace que sea más difícil su persecución, debido a que además es necesaria la denuncia como requisito de procedibilidad; no existe una real y verdadera coordinación entre las distintas procuradurías del país que les permita actuar con oportunidad y contundencia.
La sociedad, externó, “exige que no se siga explotando a niños, niñas y mujeres víctimas, que viven sin recibir justicia, en tanto sus promotores y consumidores se amparan bajo el manto de la impunidad”. Jorge Kahwagi
Esta impunidad, puntualizó, se debe a que México carece de un sistema eficaz de protección y asistencia a niños y niñas víctimas de explotación sexual, por lo que ese problema y la trata de menores pueden convertirse en una pandemia sin control.
Asimismo, señaló que la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a los servicios de salud y educativos vuelve a las personas vulnerables, sobre todo a niñas, niños y adolescentes, lo que los hace el objetivo más sensible del crimen organizado.
Al estar conscientes del riesgo que esto implica, con la iniciativa que presentó, dijo, “contribuimos a dotar de mejores herramientas jurídicas a los órganos responsables de la procuración e impartición de justicia, mediante la eliminación de vacíos legales presentes en la materia y que son aprovechados por quienes violan las disposiciones legales vigentes debido a la insuficiencia clara de ellos”.



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